El asesinato masivo de migrantes ecuatorianos en territorio mexicano constituye un acto de genocidio que merece el repudio de la comunidad internacional

Por: Norman Wray

El Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos. Quito es una ciudad solidaria e incluyente que promueve y fomenta el respeto y la garantía de los derechos humanos de sus habitantes. Los derechos de las personas en situación de movilidad son reconocidos expresamente en la Ordenanza Municipal 0271, que establece un conjunto de políticas municipales destinadas a salvaguardar a este grupo poblacional en concordancia con las políticas nacionales y los tratados internacionales firmados por el Ecuador.

La Constitución de la República establece claramente el principio de la igualdad y no discriminación como mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades en el ejercicio efectivo de los derechos humanos de sus habitantes, así como el principio de la ciudadanía universal que reconoce a las personas el derecho a migrar y el derecho a la libre movilidad. Así mismo, el mandato constitucional establece que no se considerará a ningún ser humano como ilegal o irregular por su condición migratoria.

El pasado martes 24 de agosto, militares mexicanos hallaron en una hacienda de San Fernando, en Tamaulipas, 72 cadáveres, 14 de ellos de mujeres, y según información oficial preliminar, serían de inmigrantes de El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil. El grupo intentaba cruzar la frontera hacia Estados Unidos, cuando fue interceptado por una agrupación delictiva que opera en la zona, la cual luego de retenerlos y someterlos a maltratos físicos les propuso incorporarse a la banda fungiendo de sicarios, propuesta que el grupo de migrantes rechazó. Luego de la negativa, los integrantes de la agrupación “Los Zetas” procedieron a disparar a los inmigrantes, perpetrando una verdadera masacre sin precedentes en la región.

Bajo ningún concepto es posible asumir que una persona pierde su condición de sujeto de derechos el momento que abandona su país, razón por la cual la Constitución del Ecuador declara el principio de ciudadanía universal, estableciendo que ningún ser humano podrá ser considerado como ilegal.

La masacre de México, demuestra la vulnerabilidad a la que una persona en situación de movilidad se encuentra expuesta, así como los niveles de intolerancia y violencia a los que se encuentra expuesto un extranjero.