Ese nombre ya constituye todo un símbolo de la degradación política: se hizo todo para salvar al emporio más grande del Ecuador en ese momento, desde leyes al apuro, entrega de millones de dólares y juicios amañados para que no ocurra nada y todo vuelva a manos de la familia Isaías. Así se dieron las cosas y así quisieron manejarlas hasta ahora. Incluso circulan por ahí unas copias de las contraórdenes del actual Fiscal, en ese entonces asesor de la Ministra Fiscal, para que no se proceda a la detención de los hermanos Isaías. ¿Toda una maraña de enredos para garantizar la impunidad?

No se trata sólo de un asunto judicial, demasiado simple sería decir que se ventilen los procesos y los juicios se cierren, pues el tiempo cierra las heridas. No. Es un asunto de poder, mejor dicho, de poderes. Alrededor de ese caso y el Banco del Progreso se jugaron el poder todos los poderosos de este país: todos aquellos que fungieron de personas importantes, muchos ministros, superintendentes de bancos, alcaldes (incluido el de Guayaquil), diputados y medios de comunicación. Ahí toda la clase poderosa se retrató en cuerpo y alma. Tanto que hasta ahora quieren manejar la justicia como una de sus comisarías para resolver sus conflictos y garantizar su supervivencia.

La pregunta recurrente es: ¿Hasta dónde los jueces garantizan confianza, transparencia, imparcialidad, justicia? (aunque resulte obvio y contradictorio). En la conversación común la referencia popular a los jueces es su capacidad de chantaje, soborno y cohecho para enriquecerse a costa de su poder puntual. ¿Cómo cambiar eso si el caso Filanbanco es el símbolo donde pueden reflejarse todas las virtudes de quienes administran justicia? No, eso no corresponde a un principio sino a una cultura, a una forma de vivir, donde priman los valores monetarios antes que los principios fundamentales de la democracia y de las obligaciones sociales.

La memoria del Ecuador no puede seguir cargando con ese fardo y para eso hace falta una corriente de opinión que presione a los jueces a demostrar su responsabilidad. Habría que recuperar las imágenes y los datos de esa realidad, como también que nos digan con claridad en qué estado se encuentra la devolución del dinero y de los bienes. Si es cierto que la incautación no ha servido para nada, alguien tiene que rendir cuentas de eso, pues tampoco es aceptable que se mantengan esos bienes en el absoluto deterioro.

Por último: ¿Por qué no salen a dar la cara los conjueces Walter Mazzini, Edwin Salazar y Hugo Rojas? ¿Dónde están los trabajadores judiciales que pagan comunicados en los periódicos para defender a su jefe y no para pronunciarse contra jueces corruptos? ¿Dónde queda la credibilidad de la Justicia cuando la fama de que todo se paga corroe todas las dependencias judiciales? ¿Cómo se quitan esa lacra de encima? Preguntas que se relativizan por la existencia de algunos, quizá pocos, funcionarios que viven honestamente de su trabajo.

El caso Filanbanco solo genera tristeza y rabia, tanto que ni toda la ‘sabiduría’ jurídica que exhiben los juristas puede explicar que 10 años después estemos como en las mismas.

Orlando Pérez

El Telegrafo, sábado 23 de enero 2010