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Somos un colectivo político, un proceso de construcción permanente, una
provocación para trabajar por una democracia distinta, radical y profunda.
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Hay un reto enorme para el Ecuador: hacer realidad la promesa que la nueva Constitución encierra para la gente común y corriente: cambiar de tajo las estructuras y la cultura social de este país para acabar con la pobreza y las inequidades. Lamentablemente no veremos ese cambio muy pronto, porque lo que se siembra políticamente hoy solo se cosecha mucho tiempo después. Por ejemplo: la siembra de Eloy Alfaro hasta ahora no se cosecha del todo, pero está ahí: latente y dejando ver las primeras señales. De hecho, la paradoja de los procesos revolucionarios es que los actores y ejecutores del cambio no siempre disfrutarán personalmente del mismo y, por el contrario, quienes lo lleguen a disfrutar ya estarán pensando en negarlo o superarlo con nuevos imaginarios y propuestas. Por eso todo hecho revolucionario (del tinte que sea, más si es ciudadano) no termina nada, con él empieza todo, incluidos los ‘combates’ entre los actores del mismo, que pueden concluir en desacuerdos y disidencias. Claro, nunca se podrá estar de acuerdo en todo. Dialécticamente, el conflicto abre nuevas posibilidades y escenarios para el desarrollo de la Historia. Pero saltan las dudas: ¿es un proceso revolucionario clásico el que vive el Ecuador? O sea, ¿hay transformaciones radicales, una ruptura profunda en los principales ejes del sistema capitalista, en los resortes que sostienen la inequidad y la pobreza? Diría algo más: ¿son los dirigentes de este proceso los clásicos comandantes de la transformación y con ellos los teóricos y visionarios que arrastran a las masas por donde caminan? Evidentemente que no. Ni este es un proceso revolucionario clásico ni las circunstancias en la que se desarrolla dan para que el cambio sea violento. De hecho, la propuesta del Gobierno reniega de ese clasicismo de izquierda que no ha tenido espacio ni triunfos sonados en ningún país en estos tiempos. Por lo mismo, la izquierda radical no puede demandar una receta clásica ni la derecha puede juzgar con el mismo recetario para estigmatizar. Por tanto el reto va más allá y supera el mero cumplimiento de la promesa implícita de la Constitución: imaginar que ese proceso revolucionario revoluciona las conciencias de la ciudadanía para proponer un cambio más allá de lo legal y formal. Y para eso hay que ir por encima de la propaganda y entrarle a fondo a concienciación a través de todos los medios posibles, identificando particularmente qué sostiene el modelo cultural y la estructura de dominación. El reto también implica que la dirigencia, sus propuestas y conductas, sus rutinas y prácticas cotidianas, no se enrede en lo que caracteriza a la burocracia (de por sí conservadora): aferrarse a los cargos porque de ellos se vive como un trabajo cualquiera, sino desatar la más auténtica transformación en el servicio público. Pero eso también exige una discusión abierta y un procesamiento de las ideas en debate para ir construyendo el corpus teórico que explique lo que se vive. Y, por último, obliga a un liderazgo colectivo donde se expresen las mentes más lúcidas y las acciones sean asumidas por convicción y no por imposición. Orlando Pérez 20 de enero de 2010 PUBLICADO EN: EL TELÉGRAFO |
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La sanción contra Teleamazonas y Radio Arutam.
En las últimas semanas hemos asistido a un intenso debate sobre la
regulación del sector de la comunicación, que evite y sancione sus
excesos, sin afectar las libertades básicas de los ciudadanos y ciudadanas.
La decisión tomada por la Superintendencia de Telecomunicaciones de
retirar la frecuencia de radio Arutam y suspender a Teleamazonas por
tres días, atenta con los acuerdos políticos construidos en la Asamblea
Nacional para que la nueva Ley de Comunicación no contenga normas como
las que hoy se están aplicando.
No se trata de defender este canal, ni tampoco su forma de hacer
periodismo o militancia política desde la oposición. Nos preocupa este
precedente de sancionar un medio de comunicación a través de un
reglamento, con tal margen de discrecionalidad, que permite al poder
estatal -cualquiera que este sea-, aplicar sanciones y suspensiones con
las que también se corre el riesgo de excederse; por ello nuestro
desacuerdo y rechazo con esta medida, que además se toma mientras la
Asamblea Nacional había encontrado un camino de consenso para discutir
esta ley.
Nos sumamos a las críticas por la falta de objetividad, por la falta de
investigación, la violación de los derechos a la honra, la intimidad, el
buen nombre de las personas que, en algunos medios de comunicación, es
práctica cotidiana. Todas estas distorsiones atentan también contra la
libertad de expresión y comunicación a la que todos tenemos derecho.
Somos parte de un proyecto político de transformación de nuestro país y
estamos seguros que esa transformación solo es posible en un marco de
derechos y libertades reconocidos y garantizados en la Constitución que
aprobó el pueblo ecuatoriano.
por la RUPTURA 25
Comité Ejecutivo: María Cecilia Alvarado, Francisco Jiménez, Juan
Sebastián Roldán, María Paula Romo, Norman Wray. |
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